domingo, 23 de julio de 2017

Los oscuros contratos de Grindetti y Kravetz

La relación del Intendente de Lanús con su secretario de Seguridad se inició cuando Néstor Grindetti era el secretario de Hacienda del jefe de Gobierno, Mauricio Macri.
Operador en la Legislatura del jefe de gabinete nacional, Alberto Fernández, Kravetz se caso con la dirigente del PRO Soledad Acuña, por entonces subsecretaria de equidad educativa y ahora Ministra de Educación de la Ciudad Autónoma.
En Diciembre de 2011, Kravetz constituyo la empresa Signica SRL, con domicilio a una cuadra de la Intendencia, en Avenida de Mayo 76, Kravetz  era su socio gerente. La otra socia era la Licenciada en Comunicación, Mariana Feuerman, como el, militante del Frente Renovador. Entre 2012 y 2014 esta empresa de los opositores Kravetz y Feuerman le facturó al Gobierno de Macri servicios por 4.055.722$, por consultoría, relevamiento e informes. De ellos el 10% fue contratado con la dirección de Alumbrado por abono para transmisión de datos. El resto con el ministerio de Grindetti. Los últimos dos contratos, por 1.868.322$, fueron regularizados días antes de concluir el mandato de Macri como Jefe de Gobierno.
Esta compraventa de humo se dividió en dos para eludir controles: una por 895.966$ (Resolución 1529, del 11 de Noviembre de 2015) por un “Estudio de Satisfacción de Contribuyentes sobre los servicios brindados por el Ministerio de Hacienda, estudio sobre Morosos y Encuesta de clima laboral”, otra, por 972.356$ (Resolución 1624 del 24 de Noviembre), por “ Estudios de Percepción y Responsabilidad Tributaria, de satisfacción de proveedores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de imagen del Ministerio de Hacienda y monitoreo sobre destino de la recaudación tributaria”. En los dos casos tambien presentaron presupuestos las empresas Trespuntozero y Fundación Tercer Milenium.

Entretanto, Grindetti ha conseguido que se paralizara la investigación por la sociedad Panameña y la cuenta Suiza que manejo mientras era Ministro de Hacienda de Macri, dado el escaso interés de la Chancillería por obtener las respuestas que el juez Diego Slupski solicitó a Suiza.

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